Por Oscar R. González
Ahora que una ofensiva feroz, expresada en una perversa combinación de mentiras periodísticas y falacias judiciales trata de condenar, para proscribir políticamente, a la vicepresidenta de la Nación, viene bien recordar que el que descerrajan sobre Cristina Fernández de Kirchner no es el primer caso de lawfare en la historia argentina.
Ya hubo otro inicuo proceso judicial embustero en 1921 contra el único senador socialista de entonces, Enrique del Valle Iberlucea (1877-1921) dirigente del sector radicalizado del socialismo de aquella época, quien tuvo la audacia de solidarizarse con la entonces reciente revolución rusa y sus medidas y propuestas de fuerte sesgo anticapitalista.Ya hubo otro inicuo proceso judicial embustero en 1921 contra el único senador socialista de entonces, Enrique del Valle Iberlucea (1877-1921) dirigente del sector radicalizado del socialismo de aquella época, quien tuvo la audacia de solidarizarse con la entonces reciente revolución rusa y sus medidas y propuestas de fuerte sesgo anticapitalista.
Del Valle, un abogado que había nacido en Cantabria pero nacionalizado argentino que fue electo senador por la capital en 1913, adhirió en un Congreso partidario, en 1921, a la posición de la novedosa Tercera Internacional, constituida por Lenin y el ala izquierda de la socialdemocracia, defendiendo la tesis de que el socialismo argentino, fundado en 1896 por ilustres como Juan B. Justo, José Ingenieros y Enrique Dickmann, debía plegarse a la naciente coalición mundial y abandonar la vacilante y decadente Segunda Internacional.
Basado en una denuncia anónima de alguien dijo haber escuchado de boca del senador consignas “maximalistas” y acusándolo de “sovietista”, un ignoto juez de Bahía Blanca –donde tuvo lugar el encuentro- no tuvo empacho en endilgarle al senador socialista la violación de la espantosa “ley de defensa social” que la oligarquía de entonces había sancionado y aplicaba para amordazar la prédica y evitar la acción política de socialistas y anarquistas.
Aquél Senado oligárquico y sus voceros periodísticos de aquella época, “La Prensa” y, obviamente, “La Nación”, lograron forzar el desafuero del senador socialista, decisión que hasta algunos liberales consecuentes, como Joaquín V. González, repudiaron con estupor. Impiadoso, el Senado tomó la decisión con todo salvajismo, cuando ya se sabía que Del Valle padecía un cáncer de garganta terminal que lo iba a llevar a la muerte en pocas semanas.
Hoy, cien años después, se reedita esa nefasta maniobra de los poderes fácticos a través de la misma oligarquía, apelando a idénticas corporaciones –el partido judicial y los medios que controlan- para intentar inhabilitar la acción de la más relevante y consecuente dirigente de masas de la Argentina, la actual Vicepresidenta. Pero no estamos en 1921: la dolorosa experiencia de lucha acumulada a través de un siglo no pasó en vano y ya no hay espacio para retrotraer la historia, cercenar derechos, recortar libertades ni reinstalar proscripciones.